Resumen: En la demanda se atribuye al letrado demandado la negligente llevanza del encargo que había recibido de su cliente para intentar la recuperación de una inversión en obligaciones subordinadas emitidas por una entidad bancaria y canjeadas después por acciones, al dejar caducar todas las acciones que podían haberse promovido en ese caso. El deber de defensa judicial debe ceñirse al respeto de la lex artis o reglas del oficio, esto es, de las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. No es una responsabilidad objetiva, de manera que la carga de la prueba de la falta de diligencia en la prestación profesional, del nexo de causalidad con el daño producido, y de la existencia y alcance de este corresponde a la parte que demanda la indemnización por incumplimiento contractual, bien entendido que no se compromete un resultado, sino una actividad profesional. El letrado perjudicó en este caso con su pasividad la acción de anulabilidad por error vicio del consentimiento, pero no una igualmente viable acción de resarcimiento de daños y perjuicios, para la que el plazo de prescripción es de diez años en derecho catalán, con lo que no se produjo una efectiva y real pérdida de oportunidad.
Resumen: se le plantea a la Sala IV si debe computarse como cotizado el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo en ERTE covid por fuerza mayor, a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. La respuesta a tal cuestión se construye en sentido negativo pues, argumenta la sentencia, de la normativa legal dictada específicamente para regular las prestaciones de desempleo covid, (arts. 24. 1 y 2 del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19) no se desprende una excepción que permita considerar que el tiempo de prestación de desempleo percibido por esa causa deba considerarse como cotizado para generar una nueva prestación debiendo aplicarse la regla general del art. 269.2 LGSS que excluye esa posibilidad.
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto revocando la sentencia desestimatoria de la instancia y reconociendo,como situación jurídica individualizada el derecho de la recurrente a obtener la renovación de la autorización de residencia temporal no lucrativa interesada. La sentencia apelada confirma la denegación basada en que la recurrente permaneció fuera de España más de seis meses en un periodo de un año, incumpliendo lo establecido en el art. 162.2.e) del RD 557/2011. Y todo ello sin que la alegación realizada por la recurrente de que parte de su ausencia fue por enfermedad (Covid-19), con prescripción médica que le impedía viajar, y que descontando esos días no superó el límite legal, justifique el incumplimiento de dicho requisito.constando la producción de nuevas entradas y salidas de España tanto con posterioridad a la cesación de las restricciones por Covid-19, como con posterioridad al periodo de enfermedad. Se estima el recurso de apelación, al considerar que el citado art. 162.2.e) del Reglamento ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo (STS 731/2023, de 5 de junio), por limitar un derecho fundamental sin rango de ley orgánica. En consecuencia, se concluye que la permanencia fuera del territorio nacional durante más de seis meses no puede justificar la extinción de la autorización, al carecer de base legal válida. Y siendo esta la única causa de denegación,se revoca la resolución impugnada estimando la solicitud de renovación formulada.
Resumen: CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. Inexistencia de relación laboral. Competencia de la jurisdicción civil para conocer del objeto del litigio. Falta de contradicción.
Resumen: TRANSPORTES AÉREOS SANITARIOS ISLEÑOS SA. Tutela de la libertad sindical.
